En su nuevo informe anual sobre los derechos humanos en todo el mundo, la Secretaría de Estado americano deploró la persistencia, en Argelia, de las restricciones a la libertad de reunión y asociación, la parcialidad del poder judicial y la continuación de las detenciones arbitrarias.
La secretaria de Estado pinta un cuadro sombrío de la situación humanitaria en Argelia, revelando en este nuevo informe, lo que ella llama «las tres violaciónes más significativas» que el régimen argelino sigue perpetrando en desafío de los principios humanitarios universalmente conocidos y reconocidos.
Esto es de acuerdo con John Kerry, de «restricciones a la libertad de reunión y de asociación», «falta de independencia de la justicia» y la continuación de la «detención arbitraria».
Entre otras garras mantenidas contra el régimen argelino, el Departamento de Estado se refiere a «el uso excesivo de la fuerza por la policía», la «tortura», las «limitaciones de la capacidad de los ciudadanos a elegir su gobierno «la» corrupción extendida «,la «falta de transparencia»,» la discriminación contra las personas discapacitadas», la «violencia contra la mujer», además de «mantener las restricciones a los derechos laborales «sabiendo que la tasa de desempleo en Argelia es de alrededor de 12%, es una de las más altas en el norte de África y Oriente Medio.
A pesar de la gravedad del abuso identificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, y en vez de barrer primero su casa por dentro, los dirigentes argelinos se erigen a menudo en dar lecciones sobre todo al vecino marroquí que señalan con el dedo por presuntos violaciónes de los derechos humanos en sus provincias.
Marruecos tampoco se ha librado, pero en menor grado. El informe anual que John Kerry presentó el jueves ante la prensa , releva de hecho, la persistencia en el Reino, con lagunas de respeto de los derechos humanos y las libertades individuales y colectivas.
En 2015, según el informe, los avances en materia de derechos humanos en Marruecos quedaron «muy tímidas», señalando sin embargo, que no hay casos de desapariciones políticas.
El informe también habla de «problemas persistentes» en particular en la aplicación de la ley contra la corrupción y el exceso de presos en los centros penitenciarios, a pesar de la construcción de diez nuevas cárceles en 2015. Por último, se refirió a violaciónes de las libertades de expresión y de prensa, la detención de periodistas y la discriminación contra las mujeres.