El gobierno español ha infligido este fin de semana, a través de la voz de su ministro de relaciones exteriores, José Borrell, un mordaz reves al Frente Polisario y a sus patrocinadores y mentores argelinos, diciendo que «España no es un potencia administradora » en el Sáhara Occidental.
El jefe de la diplomacia española reiteró el apoyo de su país, a los esfuerzos de la ONU y su enviado para el Sahara, Horst Köhler, para encontrar una solución política realista al conflicto creado alrededor del Sahara marroquí, rechazando cualquier responsabilidad legal en El Sahara marroquí, contrariamente a las alegaciones imaginarias de los dirigentes de Argel y el Polisario.
«España no se considera una potencia administradora en las resoluciones anuales de la asamblea general. Tampoco aparece como una potencia administradora en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas «, dijo José Borrell, y agregó que» es importante saber cuáles son nuestras responsabilidades con respecto a este territorio «.
Destacó que Madrid también se aplica a «defender y apoyar los acuerdos de la Unión Europea con el Reino de Marruecos», con referencia a los acuerdos de agricultura y pesca, incluida la renovación del protocolo, incluyendo el Sahara marroquí, que está programado para el próximo noviembre.
El Polisario, que busca involucrar a España a toda costa en el conflicto del Sahara, se apresuró a «gritar» en reacción a la declaración de Borrell.
Su representante en Madrid argumentó que «no hay lógica en el discurso del ministro español, cuando dice que su país apoya los esfuerzos de la ONU y defiende los acuerdos de la Unión Europea (con Marruecos, nota del editor), que están en contradicción con los veredictos del Tribunal de Justicia de la UE «.
El desarrollo de José Borrell se produce tras el rechazo de los principales partidos españoles, PSOE (en el poder), el Partido Popular (PP, derecha), Ciudadanos (centro-derecha), de una iniciativa del partido de extrema izquierda, Podemos, solicitando la celebración de una reunión a favor del Polisario a principios de noviembre en el «salón constitucional» del Congreso de los Diputados.
Por otra parte, exigen «un informe de los servicios encargados de las relaciones parlamentarias internacionales sobre la existencia o no de casos similares previos de organización de tales reuniones en la sede de la cámara baja, así como sobre las posibles consecuencias de esta iniciativa en la política exterior española «.
