Parece ser que la criminalidad se ha disparado dentro de los campamentos de Tinduf en estos comienzos del 2010, a raiz de la violacion colectiva perpetrado por tres individuos aun sin identificar en la persona de una funcionaria Argelina del Alto Comisionado para los Refugiados, Rahmuna Dahousse.Este espeluznante crimen llega en un momento en que las relaciones entre el HCR y el Frente Polisario se encuentran en lo màs bajo que pueda existir, el organismo Onuvense calcula que el numero de habitantes en los campamentos no sobrepasa el 90.000 personas, ahi donde el doble de la cifra es regularmente anunciado por la direccion del movimiento del Frente Polisario.
Habria que ver una curiosa concomitancia entre la violacion de la funcionaria y el pulso de acero que se libràn el HCR y el Frente Polisario ? Los defensores de los derechos humanos estàn en el pleno derecho de plantearse la cuestion y de manifestar su gràn preocupacion ante el deterioro de las condiciones de trabajo y de seguridad de los funcionarios internacionales presentes en los campamentos.
Asi, firmes denuncias de la violacion colectiva se esperan incesantemente, por parte de Amnistia internacional y de Human Rights Watch, que han sido puestos al corriente de la evolucion del asunto de Rahmuna Dahousse, y que tienen sin duda la ocasion de manifestarle su solidaridad. El asunto es sin embargo màs amplio y pone un cierto numero de problemas en cuànto al futuro de los funcionarios internacionales operando en los campamentos, y también aquel el de los militantes asociativos, representantes de las ONGS que respaldan las poblaciones Saharauis viviendo en los campamentos. En efecto, ante la subida de la inseguridad, la precareidad de las condiciones de vida de los Saharauis viviendo bajo la autoridad del Frente Polisario, cuàles son los riesgos reales que se juegan ése personal que realiza una preciosa tarea ? Es dificil de responder a ésta pregunta, ya que las repetidas peticiones de inspeccion de los campamentos son regularmente rechazadas por la autoridad que administra militarmente los campamentes y sus lindes, la Republica Argelina, que piensa que toda inspeccion de los campamentos por la ONU equivaldria a poner en tela de juicio su soberania. Esta posicion, respaldada desde siempre por Argel, parece estar cada vez màs sobre la cuerda floja para mantenerla en la portada de este nuevo escàndalo que viene a fragilizar la labor humanitaria encontràndose in-situ. En todos los casos, la justicia Argelina debera pronunciarse sobre éste asunto, ya que una denuncia ha sido presentada por La Sra. Dahousse, con el respaldo de su jerarquia en el seno del HCR, que desea qaue una condena ejemplar sea pronunciada en contra de ésos criminales.