Argelia ha sido de nuevo muy criticada por su historial de derechos humanos durante un debate celebrado el jueves en Ginebra, en la víspera del examen de esta cuestión por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Esta discusión sobre los crímenes y abusos cometidos en el territorio argelino, se llevó a cabo con motivo de la presentación de un informe de una coalición de ONG incluyendo el Observatorio del Sahara por la paz, la democracia y los derechos humanos (OSPDH), la asociación memoria y Justicia y el Comité Internacional de las víctimas del Polisario (CIVOP).
«Estamos aquí para desafiar al gobierno de Argelia en temas relacionados, en particular, a la lucha contra la tortura, las desapariciones forzadas o involuntarias», dijo a la prensa, la presidenta de la OSPDH y coordinadora de la coalición, Aicha Duihi.
A fecha de hoy, se lamentó, el Estado argelino no se ha adherido a la Convención Internacional contra la desaparición forzada, o el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU contra la Tortura, pisoteando todas las recomendaciones que se le han presentado por los mecanismos internacionales.
Por su parte, Stéphane Rodrigues, un abogado del colegio de Bruselas, centró su intervención en la desviación a gran escala por parte del Polisario y de los responsables argelinos de la ayuda destinada a las poblaciones de los campamentos de Tinduf, citando como referencia, el informe de la Oficina Europea de lucha contra el fraude (OLAF).
También planteó la negativa del régimen argelino y el Polisario de permitir la identificación de las personas en los campamentos de Tinduf para determinar el número exacto de los beneficiarios de estas ayudas, según lo recomendado por el Consejo de Seguridad, con el fin dijo, de «detener la pérdida de confianza por ejemplo.»
Los oradores también plantearon numerosos casos de violaciónes sufridos especialmente por los marroquíes de las provincias del sur del Reino y los secuestrados de Tinduf y los nacionales mauritanos que se organizan dentro de la ONG «Memoria y Justicia». Esta organización exige justicia para los cientos de mauritanos dados por desaparecidos, asesinados o detenidos arbitrariamente en cárceles del Polisario, a través de la creación de una comisión internacional de investigación para que sean castigados sus autores.