La separatista Khadijatu El-Mokhtar fue arrestada el sábado, 9 de septiembre en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima por «usurpación» de la función de «Embajadora de la RASD», ya que nunca ha sido acreditada oficialmente por las autoridades peruanas.
A diferencia de las falsas acusaciones del Frente Polisario, informa el sitio marroquí Le360.ma citando a la Embajada de Marruecos en Lima, la llamada Khadijatu, alias Jadiyatu El-Mokhtar, en ningún momento ha sido acreditada por las autoridades peruanas como «Embajadora de la RASD» en Perú.
Además a su llegada al aeropuerto de Jorge Chavez en Lima, la policía de fronteras de Perú descubrió que la denominada diplomática saharaui llevaba un pasaporte español y no un documento de viaje que lleva el sello de la supuesta República Saharaui «RASD», una entidad títere que nunca ha sido reconocida como un Estado soberano por las Naciones Unidas.
Se trata a ojos de la comunidad internacional, de una entidad creada desde cero por el régimen argelino bajo el mandato del fallecido presidente Houari Bumedien en complicidad con el antiguo régimen libio de Muammar Gaddafi. Y el Frente Polisario no es más que un movimiento separatista que reivindica sin ninguna legitimidad, la soberanía de parte del Sahara marroquí.
La denominada Khadijatu fue arrestada el sábado, 9 de septiembre en el aeropuerto Jorge Chavez, por la policía peruana que le prohibió la entrada en el Perú.
Las autoridades peruanas acusan la denominada «embajadora» de la «RASD» de venir a Lima, para «participar en actividades políticas contrarias a las leyes de inmigración vigentes en Perú». También se le acusa de «usurpación del estatuto de representante diplomático» y de «injerencia en los asuntos internos» del Perú.
Por el momento Khadijatu El-Mokhtar sigue detenida en el aeropuerto, cuatro días después de su detención por la policía. Su destino está ligado al veredicto de la justicia peruana a la que se presentó una denuncia por el abogado peruano Dante Díaz Wong, designado y pagado por la Embajada de Argelia en Lima, para impugnar la decisión tomada en su contra por la «Autoridad nacional peruana responsable de la inmigración». Si la mercenaria del Polisario no está procesada y condenada por el tribunal local, debería ser automáticamente expulsada a su lugar de origen, España, de la que posee la nacionalidad.