La ONG Mauritana «Memoria y Justicia» apela al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, para abrir una investigación sobre las violaciónes de los derechos humanos y los crímenes cometidos por el Polisario y sus torturadores en contra los ciudadanos Mauritanos entre 1977 y 1991en campamentos de Tinduf en Argelia.
En una carta al Consejo de Derechos Humanos, el presidente de la asociación «Memoria y Justicia», Ould Mohamed Vall Alghadi, hace hincapié en la necesidad de hacer justicia incluso a título póstumo, a las decenas de víctimas Mauritanas de los abusos del Polisario.
«Estos crímenes no pueden prescripción, se trate de los los crímenes cometidos contra las víctimas secuestradas en territorio mauritano o en los campamentos de Tinduf «, dijo en su carta Vall Ould Alghadi, recordando que «los miembros del Polisario nos hicieron sufrir todas las formas de tortura causando decenas de muertos y desaparecidos, mientras que nosotros, los otros supervivientes siguimos sufriendo las consecuencias físicas y psicológicas «.
En la misma carta, el presidente de la «Memoria y Justicia» Asociación creada en 2010 por los ex presos y familiares de las víctimas de los torturadores y carceleros del Frente Polisario, denunció el enfoque de una comisión Argelina que homenajeó a uno de los carceleros del Polisario, que es uno de los responsables directos de los crímenes cometidos en los campamentos de Tinduf en territorio argelino y bajo la mirada pasiva de las autoridades de tutela.
En lugar de tratar de encubrir los crímenes cometidos por el Polisario rindiendo homenaje a sus captores, ha insistido, la comisión argelina habría hecho mejor de abogar por la apertura de una investigación independiente sobre «los abusos que se han producido en territorio Argelino y donde el estado argelino, asume toda responsabilidad «.
A fecha de hoy, las autoridades del Polisario y Argel imponen un bloqueo manu-militari en los campamentos de Tinduf y prohíben el libre acceso a los periodistas y a los medios de comunicación extranjeros y delegaciones de ONG internacionales para investigar sobre el terreno, sobre posibles casos de tortura, asesinatos, desapariciones forzadas y otras violaciónes de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf.
La misma prohibición es impuesta a las agencias de la ONU, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para llevar a cabo un censo de las personas que viven en estos campamentos.