La nueva negativa del ministro español de justicia de conceder la nacionalidad española a los jóvenes saharauis en los campamentos de Tinduf, constituye un verdadera aprieto para el Polisario, dada la importancia política de la posición de Madrid.
Es «imposible para los saharauis del Frente Polisario de obtener la ciudadanía española», dictaminó el Ministro Rafael Catalá. Preocupado, España no reconoce la república saharaui proclamada unilateralmente por el movimiento apoyado por Argelia. El gobierno de Madrid explica su decisión por el hecho de que los saharauis, aunque establecidos por más de 10 años en España, con documentos otorgados por el Polisario.
Documentos de identidad que las autoridades españolas consideran sin valor legal o administrativo, ya que son emitidos por una entidad inexistente o, al menos, que no reconocen. La mayoría de estos saharaui del Polisario llegaron a España en el marco de viaje de vacaciones que pasaron en las familias españolas, antes de establecerse definitivamente en el país ibérico.
Durante varios años, los miembros del Polisario activos en España habían formado un grupo para exigir la nacionalidad española a favor de los saharauis instalados en España. Y a pesar de las muchas presiones de las asociaciones españolas, sus peticiones han encajado la negativa de las autoridades españolas.
Esta posición del gobierno de Madrid es otro revés para el Polisario. Ya que las preocupaciones del frente patrocinado por Argelia, que luchan por la independencia de la región del Sahara Occidental, son políticas. El problema no radica en la negativa de Madrid dejando a muchos saharauis la posibilidad de obtener la nacionalidad española. El problema para el Polisario, son las implicaciones políticas de esta decisión que desbarataró sus esfuerzos para llevar a Madrid de reconocer la república Saharaui.