A la hora donde las Ongs internacionales redoblan en movilizacion para la proteccion de los defensores de los derechos humanos en paises donde està proteccion brilla por su auscencia, la FIDH ha un avez màs acusado Argelia por la represion de una manifestacion pacifica, el 26 de mayo en Tizi-Uzu.
Asi, el observatorio para la proteccion de los defensores de los derechos humanos, que es un programa conjunto de la federacion internacional de las ligas de los derechos humanos (FIDH) y de la organizacion mundial contra la tortura (OMCT), ha condenado la represion de una marcha pacifica, organizada el 26 de mayo en Tizi-Uzu , para denunciar la impunidad de la cuàl disfrutàn los responsables de los aconticimientos de « la primavera negra ». Acontecimientos que recuerdan el doloroso recuerdo de Abril del 2001, cuando enormes manifestaciones fueron reprimidas en la sangre por las fuerzas del orden argelinas, haciendo un balance de 125 muertos y varios millares de heridos y mutildos. El observatorio ha condenado la represion de la manifestacion pacifica del 26 de mayo, considerando que las autoridades argelinas han impedido los miembros de la coordinacion de los archs, dairas y comunas (CADC) de Tizi-Uzu de ejercer sus legitimas actividades de lucha contra la impunidad de los responsables de los acontecimientos de la primavera negra. La intervencion de las fuerzas del orden ha hecho una decena de heridos, entre los parientes de las victimas del 2001, personas de màs de 60 años.
El observatorio ha manifestado que està marcha pacifica era aun màs legitima que el objetivo de los manifestantes era simplemente « revendicar el respeto del derecho a la justicia, encargarse de los heridos del 2001, la reparacion material para los comerciantes victimas de los daños y el respeto de los compromisos del estado a raiz de los acuerdos negociados en el 2005 con el movimiento ciudadano ».
El observatorio ha recordado en fin que « la libertad de reunion pacifica y de manifestacion publica aun no està garantizado en Argelia », y ha pedido a las autoridades argelinas de velar a que se haga un término a todas las formas de represion o de actos de intimidacion que contempla impedir la celebracion de reuniones publicas.